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La @CNVArgentina informa al público inversor que se ha realizado una intimación al cese inmediato de determinadas actividades en el ámbito de la oferta pública en la República Argentina vinculadas con el activo virtual denominado “ARGt”, por considerar al mismo un valor negociable que estaría siendo ofrecido al público de manera irregular.
La actuación del organismo se originó a partir del relevamiento de comunicaciones públicas en las que se promocionaban rendimientos asociados a dicho activo virtual —incluyendo referencias a tasas de hasta 32% TNA—.
Cabe destacar que, cuando un activo virtual reúne las características de un contrato de inversión —esto es, una inversión de dinero en un emprendimiento común con la expectativa de obtener beneficios derivados principalmente del esfuerzo de terceros— puede ser considerado un valor negociable conforme a los criterios establecidos por el llamado “Howey Test”. En tales supuestos, más allá de su formato tecnológico o digital, el instrumento puede quedar alcanzado por el régimen regulatorio del mercado de capitales establecido para los valores negociables que se ofrece públicamente.
Del análisis efectuado surge que el esquema de funcionamiento informado incorpora una promesa o expectativa de rendimiento vinculada a la tenencia del Activo Virtual ARGt, circunstancia que encuadraría en la figura de un contrato de inversión incluido en la definición de valor negociable prevista en el artículo 2° de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales, lo que deriva en su calificación como valor negociable sujeto al régimen de oferta pública.
En consecuencia, la CNV intimó al cese inmediato del listado, ofrecimiento o intermediación del activo virtual ARGt, así como al cese de toda actividad de emisión, promoción u ofrecimiento de instrumentos que puedan constituir valores negociables sin contar con la correspondiente autorización por parte de esta CNV.
La medida se adopta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 26.831, la Ley Nº 27.739 y las normas CNV, con el objeto de resguardar la transparencia del mercado de capitales y la adecuada protección del inversor.

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